Por Leonardo Pereira G,

Secretario de Planeación de Soledad

Solamente como un acto de cinismo se puede calificar la negativa de pago por parte del grupo Aeroportuario del Caribe y sus arrendatarios frente a la deuda de 60 mil millones de pesos que por concepto de impuesto predial sostienen con el municipio de Soledad, obligación tributaria que acumula las vigencias que van del 2017 al 2021; recordemos que este grupo empresarial, es el concesionario que opera y explota las actividades comerciales del Aeropuerto Ernesto Cortissoz, claramente ubicado en suelo soledeño.

A los ya frecuentes cuestionamientos presentados por la crítica especializada, los usuarios y la ciudadanía en general a las obras civiles de “modernización” de la infraestructura del Aeropuerto, se suma ahora la insólita posición del concesionario Aeroportuario del Caribe de rehusarse a reconocer y por ende cancelar, los deberes que por ley le corresponde asumir con el Municipio, en virtud del valor y el aprovechamiento rentista del territorio.

No se justifica que mientras todos los aeropuertos concesionados del país cumplen a nivel municipal con sus respectivos aportes de catastro, por otro lado encontramos como caso único y además mal ejemplarizante, la postura de rechazo de los operadores del Aeropuerto a la facturación predial emitida por la oficina de impuestos de Soledad, que resume las últimas 5 anualidades, toda vez que en una decisión polémica, que se encuentra bajo investigación de los entes de control, en el 2017 se expidió por parte del jefe de impuestos del momento, la resolución 001001 del 12 de octubre que exonero de pago al concesionario aeroportuario.

La exoneración al pago del impuesto predial otorgada en el 2017, anuló de un solo plumazo una deuda cercana a los 40 mil millones de pesos que los operadores del aeropuerto tenían hasta ese instante con el Municipio de Soledad, provocando con ello un detrimento mayúsculo a las finanzas municipales y en ese mismo orden perjudicando la capacidad de inversión en sectores sociales como el de la educación, la salud, el saneamiento básico, la recreación, la cultura, la vivienda y otros, todos ellos fundamentales para el desarrollo de las comunidades Soledeñas.

Se desconocen las razones que motivaron en el 2017 la millonaria exoneración, al tiempo que se cuestiona el sustento jurídico de la misma, lo que sí está claro es que lastimosamente en ese instante no se optó por mantener una defensa jurídica a favor de las arcas del municipio, lo que de seguro habría servido para avanzar sustancialmente en la solución de problemáticas públicas que vienen padeciendo las comunidades.

En un país como Colombia, con un modelo económico que facilita la participación del capital privado en la operación de servicios públicos, a través de la figura concesionaria, y que naturalmente produce unas utilidades, lo que mínimamente se espera por parte de los dueños de este tipo de negocios, es que cumplan con sus deberes tributarios, es decir que paguen sus impuestos, y a eso es a lo que precisamente se rehúsa el grupo Aeroportuario del Caribe, actitud con la que de paso transmite un mensaje contrario a lo que siempre reclaman los inversionistas del capital: reglas de juego claras y transparentes.

Ante la negativa de pago del impuesto predial por parte del concesionario Aeroportuario y sus arrendatarios, la actual dirección de la oficina de impuestos de Soledad ha emprendido una gestión de cobro agresiva para garantizar el recaudo de dichos dineros, incluso se vio en la necesidad de reconstruir el expediente de este caso, que extrañamente lo habían desaparecido y en el que reposa la controvertida resolución que extinguió a corte de 2017 la deuda en materia predial del actual operador del aeropuerto con el municipio de Soledad.

Finalmente vale la pena decir que es realmente lamentable que grupos empresariales con altas ganancias busquen a través de artificios jurídicos evadir sus obligaciones financieras con el País y sus territorios, dificultando de esa forma el desarrollo de los mismos y afectando el bienestar de la gente más necesitada; en cuanto a la discusión que hoy nos ocupa, subrayamos la firme determinación de la oficina de impuestos y de todo el equipo de la Secretaría de hacienda municipal para cobrar de forma efectiva estos recursos e impedir una nueva “avionada”.